Servicio de control de accesos de okupas

Sí, se considera legal en España siempre y cuando la empresa actúe dentro del marco de la ley y sin vulnerar derechos fundamentales. La legalidad del método reside en que no se utilice la fuerza, la coacción o la intimidación contra los okupantes, ya que estas prácticas podrían incurrir en delitos. La vía legal establecida para el desalojo forzoso sigue siendo el procedimiento judicial.

La vigilancia de la propiedad y la manipulación discreta de los accesos, la colocación de "testigos" (pequeños hilos de silicona, plásticos o cartones doblados) entre la puerta y el marco que, si permanecen intactos, indican la ausencia de movimiento; también se considera sospechosa la manipulación de cerraduras (arañazos o signos de forzamiento), la acumulación de correo en el buzón y la presencia recurrente de personas o vehículos desconocidos que observan el inmueble o la zona durante largos periodos.

Las medidas preventivas clave para evitar la okupación se centran en dificultar el acceso y simular la presencia habitual en la vivienda. Esto incluye la instalación de puertas acorazadas o de seguridad, el uso de cerraduras complejas o invisibles y la colocación de alarmas conectadas a una central de seguridad que puedan alertar a la policía. Es fundamental el mantenimiento regular de la vivienda, recoger el correo frecuentemente y pedir a vecinos o conocidos que supervisen el inmueble de forma frecuente para que parezca habitado, eliminando así la percepción de abandono que atrae a los okupantes.